El proyecto Represores Cubanos incluyó a la Fiscal Provincial de Artemisa, Niurka Margarita Tabares Valdés, en su lista negra tras las condenas de hasta 10 años de prisión que solicitó la semana pasada para tres opositores miembros de la organización Cuba Primero.
La fiscal, que acusó a los activistas de propaganda contra el orden constitucional y asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas, aparece registrada con el expediente número 1904, en la categoría de represores de cuello blanco, de este proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC).
Tabares Valdés pidió sanciones conjuntas de 10, 8 y 5 años de prisión para Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López, y Lázaro Mendoza García, respectivamente, en el juicio oral que quedó concluso para sentencia el pasado 5 de agosto, en el Tribunal Municipal de Guanajay.
"Como en otros juicios en Cuba en los que se comete el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, la procuradora Tabares Valdés se prestó a la prevaricación de proponer sentencias largas e injustas a sabiendas de que lo son, siguiendo el guión pautado por la policía política", denunció Represores Cubanos en un comunicado de prensa.
Alfaro Frías, Pompa López y Mendoza García fueron detenidos y encausados por distribuir octavillas antigubernamentales.
La organización independiente dijo que la fiscal acusó a los opositores de ser financiados y dirigidos desde el exterior, "porque no puede admitirse públicamente que los cubanos de la isla se rebelen contra un régimen que les mantiene sumidos en la peor crisis de la historia de Cuba, sufriendo por hambre, apagones, falta de agua, medicamentos, viviendas, en medio de una rampante inseguridad, y que se aferra al poder a punta de pura represión".
Represores Cubanos recordó que la figura delictiva de propaganda contra el orden constitucional, incluida en el nuevo Código Penal cubano en 2022, y que sanciona entre 3 y 10 años de privación de libertad a quien “incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista”, se ha convertido en el nuevo "juguete jurídico" del régimen para reprimir el disenso en la isla.
Decenas de cubanos ya han sido condenados bajo esta figura delictiva, incluso por opinar o compartir contenidos en las redes sociales.
Otros fiscales y funcionarios cubanos han sido incluidos en la lista de represores del proyecto de la FDHC, por su rol en decisiones y actividades que violan las libertades fundamentales y los derechos humanos de los ciudadanos.
Foro